Decía en un artículo reciente que tenemos que prepararnos para lo peor y trabajar para lo mejor. Estamos ante una triple crisis de oferta, demanda y sistema financiero en la que el escenario de riesgo más agresivo con el que contamos hoy es de una caída del PIB en la UE del 12%. El propósito de este artículo es señalar que, además de las consecuencias sociales y económicas que de esto derivan, hay una muy especial que exigirá una gestión especializada de primera clase para evitar que los activos dañados se conviertan en tóxicos para el sistema.

Admitamos que la demanda se recuperará progresivamente, si bien con cambios estructurales, algunos de los cuales ya venían gestándose y que esta crisis acelerará. La recuperación de la oferta no será tan automática, ni fácil, porque la destrucción de capital productivo y la inutilización del ahorro serán muy importantes y su reconstrucción lenta. Como consecuencia de todo ello tendemos un segundo impacto en el sistema financiero, mayor que el primero. Hasta ahora éste ha resistido bien debido a un punto de partida de mayor solidez en comparación con el que tuvimos en la entrada de la crisis del 2008, gracias a la fuerte reestructuración del sistema, ahora más eficiente y una notable mejora de su solvencia derivada de la nueva, mejor y más exigente regulación y supervisión. También aplica lo mismo a la gestión de la liquidez y a una mejor gestión en el gobierno de las entidades financieras basado en parte, en la experiencia adquirida y en los avances incorporados en cultura y conducta.

Sin embargo este segundo impacto que acaba de empezar y que ya se deja sentir en el sistema financiero, amenaza con llevarse, por excepcional, mucho de lo bueno construido hasta ahora.

Sólo hay que ver las cuentas de resultados de los bancos en este primer trimestre y la prudencia en las dotaciones de provisiones, consecuencia del empeoramiento del riesgo crediticio que, superpuesto con el operacional, trabaja desde ya como una pinza sobre las cuentas de resultados, abocando a los Bancos a realizar fuertes provisiones extraordinarias y, en consecuencia, provocando pérdidas y con ellas la consiguiente destrucción de un capital que tanto ha costado construir desde la pasada crisis. Por esta razón el Sistema de Regulación y Supervisión ha reaccionado con prontitud con tres tipos de medidas:

1. Permitir la utilización de los colchones de capital para hacer frente a la crisis y así apoyar la oferta de crédito que no debe disminuir si no queremos añadir a los perversos efectos del COVID19 un destructor “credit crunch”. En España tuvimos ocasión de vivir y, posteriormente, medir el impacto tan nocivo de este fenómeno en la pasada crisis.
2. Un tratamiento prudencial de las garantías públicas, evitando estigmatizar a los clientes y entidades financieras que recurran a ellas y huyendo de automatismos en la evaluación de la calidad crediticia apoyada en las mismas, a la vez que facilitando a los Bancos mayor capacidad discrecional para evaluar sus carteras.
3. Amortiguando el efecto, muy procíclico, de la nueva normativa contable IFRS9 para dotación de provisiones porque al cambiar, básicamente, de un criterio de pérdida incurrida a uno de pérdida esperada se produce un aumento fulminante de las mismas debido a la carga de provisiones derivada de una PD (Probability of Default) que se dispara y de la LGD (Loss Given Default) que hace lo mismo. En otras palabras, con el cambio del escenario central utilizado en estos últimos años por uno nuevo mucho más extremo en riesgos, la dotación de provisiones que de ello deriva implica un crecimiento brutal en las mismas y, con él, se cumple la peor amenaza al situar al sistema en pérdidas y con ello sentar las bases de una contracción del crédito. Efectivamente, la manera más eficaz para reponer el capital necesario para seguir funcionando pasa a ser la reducción de la cartera de créditos, provocando con ello un impacto muy negativo en la economía.

Ya lo vivimos en la crisis del 2008 de manera general y de una manera muy especial en España. Recordemos que una parte del sistema no contaba con el capital suficiente para continuar la actividad y la caída del crédito arrastró a una gran cantidad de autónomos, microempresas y pymes a un cierre traumático y, con ello, a un agravamiento de la crisis.

Por lo tanto, bienvenidas sean las medidas que se han tomado por los reguladores para evitar un “credit crunch” y así mantener la economía funcionando. Ahora bien, estas medidas podrían no ser suficientes para mantener el sistema en marcha. En mi opinión no lo serán, por lo que habrá que tomar decisiones para evitar encapsular un nuevo problema de los llamados  “mayores”: una acumulación nunca vista de activos dañados, muchos de los cuales se convertirán en tóxicos, derivados de riesgos crediticios fallidos, lo que pesará como una losa en el sistema social, económico y financiero a no ser que se trate debidamente y con la anticipación necesaria mediante una solución quirúrgica, ya experimentada en otras crisis, para digerir y mejor gestionar estos activos tóxicos: un BANCO MALO.

Ahora es el momento para preparar una medida así porque el acertado sistema público de ayudas que se ha establecido encapsulará rápidamente:

1. CAPITAL EN ACCIONES de empresas nacionalizadas o participadas, sean estas pequeñas, grandes, cotizadas o no, ahora que la Comisión Europea ha dado luz verde a los Estados para este tipo de rescates. Debemos preguntarnos ¿qué hace un Estado con acciones de grandes, medianas o, incluso, pequeñas empresas? De manera similar la misma pregunta vale sobre la participación que derivará a los Bancos en el capital de empresas de todo tipo como consecuencia de la conversión en capital de créditos impagados. En España y al final de la crisis trabajamos en un claro ejemplo de colaboración público-privada para arreglar una parte de este problema mediante un proyecto que llamamos FENIX, orientado a devolver al mercado empresas que habían caído por asfixia financiera pero que volvían a ser viables mediante el sistema de conversión de deuda en capital. Lo poco que se hizo, porque se llegó tarde y la regulación fue de muy difícil tramitación, salió bien. Primero se salvaron algunas empresas que fueron debidamente capitalizadas, después se gestionaron ya sin la carga de deuda que les ahogaba, y finalmente se devolvieron al mercado recuperándose todo o parte de las pérdidas incurridas en el proceso de cambio de deuda en capital y posterior venta.
2. GARANTÍAS: ¿Qué pasará con la ejecución de los créditos impagados que los Estados están garantizando masivamente, al 100% en algunos países o el 80% en otros? ¿Quién va a gestionar esta cartera de impagados? ¿Se convertirán también estos créditos en acciones de empresas, en activos reales, inmuebles? ¿Habrá que ejecutar los créditos antes de recuperar el aval del Estado y, a su vez, éste hacerse con los activos de la empresa que ha originado el crédito impagado? La tramitación operativa de un sistema así es muy compleja, muy costosa   y, como decíamos, una losa en forma de tiempo y gastos para las empresas que impaguen y sus acreedores, Estado incluido.
3. HIPOTECAS y otros créditos a particulares: Hemos dicho que hay que prepararse para lo peor. Debemos actuar con anticipación para gestionar con criterios sociales las mejores condiciones de refinanciación, a la vez que se irá acumulando y en paralelo una cartera de crédito a particulares impagada, no refinanciable, que exigirá un tratamiento especializado. En el 2008, al principio de la crisis, algunos propusimos la creación de un Banco Malo por un importe de 100.000 millones y financiado a 30 años. El Estado tenía liquidez abundante en aquellos momentos y acceso a los mercados para haber construido un gran “congelador” de activos, muchos de ellos todavía no tóxicos. No se hizo al principio, pero tuvo que hacerse más tarde, en 2012 (SAREB), en condiciones de precio mucho peores después del derrumbe del sistema inmobiliario y con un coste social muy elevado. Ahora, no debería pasar lo mismo. A veces, la siempre conveniente prudencia en la toma de decisiones deviene, con el tiempo, en una gran imprudencia.

En nuestro caso, esto es incluso más importante, porque el “banco malo” de la crisis del 2008 no ha acabado la digestión de los activos que incorporó. Las nuevas oleadas podrán suponer una grave indigestión.

Creo que en base a ello merece discutirse ahora y no más tarde la idea de un BANCO MALO a nivel europeo porque es una medida adicional a las ya tomadas, también de gestión excepcional, y que sería básica para limpiar los activos tóxicos que se originarán en el sistema. Si no se hace, se lastrará la recuperación porque el valor de estos activos tenderá a cero mientras la recuperación no llegue y su coste de gestión agravará la crisis.  También es importante porque, ahora sí, un BANCO MALO EUROPEO supondría una MUTUALIZACIÓN de riesgos entre los socios de la UE, muy necesaria en estos momentos en los que Eurobonos y subvenciones varias no llegarán y en los que el rol del BCE se cuestiona en alguna de sus actuaciones, lo que supondrá un freno poco conveniente. Un Banco malo europeo podría emitir en el mercado de capitales para financiarse en las mejores condiciones de plazo y coste porque contaría, además de la deuda que emitiera, con capital público de todos los Estados, además de una gestión profesional experta y … por qué no, como ya sucedió en EEUU en la crisis de 2008, con un potencial retorno positivo a sus accionistas una vez terminada la crisis que recuperarían no solo todo o parte del valor de los activos traspasados sino también un rendimiento del capital puesto para ello. No se trataría de un regalo ni de una transferencia gratuita de valor entre Estados miembros, sino de una operación racional de aparcamiento de los activos dañados por esta crisis, potencialmente rentable y de nivel europeo, lo que complementaría el conjunto de instrumentos extraordinarios ya puestos en marcha, fundamentalmente de liquidez y garantías públicas, para paliar los efectos de una crisis sin precedentes en su intensidad global pero que, afortunadamente, nos coge con experiencia de gestión derivada de otras menos graves.

También un Banco Malo aportaría el necesario valor de la trazabilidad de las ayudas públicas que se prestarán y la transparencia en la gestión de las mismas. Habría que rendir cuentas. Conviene objetivar y contabilizar al céntimo qué se hace con el dinero público en una situación de crisis como ésta y para ello una gestión a través de un vehículo como el propuesto ayudaría, a la par que evitaría costes de litigiosidad indebida que constituyen un riesgo de cola importante, con consecuencias no queridas de agravamiento de la crisis, un lastre para la recuperación. La UE y los Estados que la constituyen tienen que defender la legitimidad de las ayudas prestadas y el buen fin de la gestión posterior de las mismas, en un horizonte de cambio y recesión que no será transitorio.

Se trata de preservar un equilibro general en la UE mutualizando y compartiendo riesgos entre todos los socios, a la vez que también marcando criterios de gestión profesional, no politizados y sesgados en actuaciones clientelares, que aseguren a los contribuyentes ciudadanos la mejor gestión de sus impuestos, parte de los cuales irán, como hemos visto, al capital de empresas o a garantizar créditos de éstas y de particulares.

Con la liquidez tan abundante que ahora todavía tenemos y los tipos de interés extremadamente bajos se puede crear un BANCO MALO que aprovecharía las favorables circunstancias actuales de mercado para financiarse con capital público, de los Estados y de la UE, y con instrumentos híbridos, bonos convertibles y subordinados y deuda a muy largo plazo privada, lo que facilitaría una estrategia de salida ordenada, sin agobios ni urgencias más que los derivados para sus gestores de su programa de administración y venta, separando los activos tóxicos del resto del sistema, y con ello amortiguando el derrumbe de precios inducido por estos activos, situándolos a buen recaudo en un gigantesco congelador a muy largo plazo, pero recuperables y devueltos al mercado a medida que el crecimiento económico les devolviera valor. Aprendimos en la crisis del 2008 lo nocivo de la presencia desordenada de estos activos en el mercado, puestos a la venta a la desesperada, en un entorno de demanda tendiente a cero para los mismos y, en consecuencia, con un gran impacto negativo en su valor y, derivado de ello y por contaminación de los activos sanos también en el conjunto del sistema.

Se llama Banco Malo porque es esto, un Banco Malo cuyos activos son temporalmente malos derivados de una gran crisis económica, pero también es un Banco Bueno porque sirve para salvar la otra parte del sistema, al encapsular los activos tóxicos que con el paso del tiempo y una buena gestión pueden terminar siendo buenos. 

Finalmente, es importante insistir en, que de realizarse a nivel europeo, sería un buen instrumento de mutualización de riesgos, ahora sí, entre los países de la UE, un verdadero instrumento comunitario sobre bases racionales de gestión de mercado, transparente y fiscalizable. Está claro que si hubiera resultados positivos al cabo de los años, estos también se mutualizarían y los beneficios de este instrumento serían incluso más evidentes.